Contrariamente a mi costumbre esta vez no tengo enlace que pegar . Me ha llegado por correo electrónico , y está escrito por un antiguo profesor de derecho tributario ... persona recta y entrañable.
LLEGÓ LA HORA DE PAGAR LAS AYUDAS A LOS BANCOS CON LA SUBIDA DE IMPUESTOS A LA CLASE TRABAJADORA
Cuando se recibe la noticia de la subida de impuestos, la primera reacción que uno tiene es mosquearse: “he de pagar más”. Luego, cuenta hasta diez y el sentimiento se disipa a medida que se reflexiona: “si no pagáramos tributos no podríamos beneficiarnos de los servicios públicos de los que disponemos. Por tanto, si en esta época de crisis queremos mantener un Estado del bienestar, todos tendremos que aumentar nuestra contribución al sostenimiento de los gastos públicos”. Además, cuando se lee que aumenta el gravamen de las rentas del ahorro hasta el 21% y se restablece cierta progresividad, -suprimida por el PP en el año 1996–, con un tipo reducido del 19% para los incrementos inferiores a los 6.000 €, que la deducción por adquisición de vivienda se modula en función de los ingresos, suprimiéndose para quienes ganen más de 24.000 € y que se equipara la deducción por alquiler, a uno le vuelve el color rosáceo a su cara, se va relajando y piensa: “¡Por fin algo de justicia tributaria con una subida de los impuestos directos para los ricos!”.
Sin embargo, la cara se torna rígida a medida que uno sigue conociendo los entresijos de la reforma. Resulta que la deducción de los 400 €, que disfrutan principalmente los trabajadores, se suprime, con el consiguiente aumento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. De nuevo intentamos calmarnos: “bueno hombre, no es para tanto; total si esta deducción se introdujo con motivo de las últimas elecciones generales; ahora volvemos al mismo estado que antes; no es tan injusto”. Pero, a renglón seguido, uno se pregunta: “¿y por qué, en lugar de eliminarse esta deducción de 400 € en el IRPF, no se recupera el Impuesto sobre el Patrimonio, que pagaban sólo los ricos y que también fue suprimido, en la práctica, como consecuencia de las mismas elecciones?”. En este punto la sensación es de que algo empieza a oler mal.
Pero si se sigue analizando la cuestión, el hedor se convierte en insufrible. Resulta que se aumenta el tipo reducido del IVA, del 7% al 8% y el general, del 16% al 18%. Y, aunque el super-reducido del 4% ha permanecido intacto, se ha de ser consciente de que el porcentaje que grava la mayoría de los productos que se consumen –salvo el pan, los huevos y poco más– y los servicios que se reciben sí ha subido: vivienda, hostelería, telefonía, peluquería, transportes de viajeros, agua para el consumo humano, servicios funerarios, por citar algunos ejemplos. Aquí ya se intuye que todos –no sólo los ricos– pagaremos “el pato”, sin distinción de capacidad económica, puesto que se trata de un impuesto indirecto que, por su naturaleza, es más injusto que los directos. Pero la realidad supera la ficción, puesto que todos sabemos que los más ricos realizan sus actividades económicas mediante sociedades y adquieren los bienes a nombre de tales entidades, las cuales se deducen el IVA soportado (facturan a nombre de la empresa la casa, el coche, la gasolina, el consumo del teléfono, los equipos informáticos, las comidas en restaurantes, los muebles, los viajes, etc.). Entonces ya cae uno en la cuenta de que esta subida la soportarán los pobres currantes, pensionistas, desempleados, etc., los mismos que están sufragando, en su mayor parte, el aumento de los impuestos indirectos sobre el “tabaco” y la “gasolina”, que se aprobó este verano –no nos olvidemos–.
Paralelamente, nos sorprende que se baje el Impuesto (directo) sobre Sociedades en un 5% para determinadas PYMES y no se aumente, en cambio, el tipo de gravamen de las grandes entidades, que se rebajó en la legislatura pasada otro 5%. Y, lo que es más sangrante, que no se “toque” el gravamen de los fondos de inversión o de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), utilizadas por los grandes patrimonios para rentabilizar sus inversiones, que está situado en el 1% (frente al gravamen de las rentas de los trabajadores que llega hasta el 43%). Y, sin entrar en el tema de los paraísos fiscales, que es donde realmente está el dinero, se añade a esta putrefacción las declaraciones de la propia Ministra de Economía y Hacienda, corroborando que la subida de impuestos la pagará principalmente la clase media. En este punto, el cabreo ya llega a su límite. “¿Nos toman por tontos?”.
Pero lo más grave no se ha descrito aún. Si uno echa la vista atrás, comprende perfectamente la jugada. Resulta que el aumento de los impuestos se realiza para conseguir una recaudación adicional de casi 11.000 millones de euros. “¿Para sufragar la sanidad, la educación, las infraestructuras o las prestaciones por desempleo o jubilación?” ¡Pues no! Más bien para tapar parte del agujero provocado por las ayudas públicas concedidas a las entidades financieras, que no se ha cubierto con el dinero proveniente de la deuda pública o de los recortes en educación, investigación o infraestructuras. Recordemos que hace tan sólo tres meses se aprobó el denominado Fondo de Reestructuración Bancaria con una dotación inicial de 9.000 millones de euros, ampliables hasta 99.000 millones; que hace menos de un año se autorizó, con cargo a los Presupuestos, el Fondo de Adquisición de Activos Financieros, por importe de 30.000 millones de euros, ampliables hasta 50.000 millones, y que se están otorgando avales a las entidades de crédito, por valor de 200.000 millones de euros, para la emisión de deuda. ¡Ojo! No se deben confundir estas medidas con el Fondo de Garantía de Depósitos, que es el único que salvaguarda el dinero de los ciudadanos.
Con el beneplácito del principal partido de la oposición, se concedieron estas millonarias ayudas al mismo sector financiero que ha provocado, en gran medida, la crisis económica y que ahora nos cierra el grifo, nos asfixia y nos embarga, pero paga remuneraciones escandalosas a sus altos ejecutivos, concede préstamos a clubes de fútbol y patrocina escuderías de fórmula 1 para que contraten a pilotos españoles que han cambiado su domicilio fiscal a Suiza, v. gr. Entonces, casi nadie alzaba la voz para criticar estas decisiones, porque parecía que el dinero no salía de nuestros bolsillos. Ahora debemos aprender, por lo menos, que de aquellos polvos vienen estos lodos, idénticos, por lo demás, a los que trae la corriente en el resto de países que adoptaron iguales medidas, capitaneados por el G-20. Pero no deja de ser paradójico que, en España o en Gran Bretaña, sean los socialdemócratas los encargados de dinamitar el Estado del Bienestar.
En fin, cuando tenga que explicar a mis alumnas y alumnos de tercero de Derecho que la Constitución Española proclama una actividad financiera justa, tanto en la vertiente de los ingresos como de los gastos (artículo 31.1 y 2), de modo que los que más ganan y tienen deben contribuir más y en mayor proporción al erario, en beneficio de los más desfavorecidos, a través de una asignación redistributiva del gasto público, no me quedará más remedio que decirles que Robin Hood hace tiempo que se cambió de bando.
Miguel Ángel Luque Mateo
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Almería
